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SIENTAN EN EL BANQUILLO A MÁS EX BORGISTAS – MillennialTvRadio
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SIENTAN EN EL BANQUILLO A MÁS EX BORGISTAS

Deberán aclarar el destino de casi $560 millones que CAPA obtuvo mediante un préstamo

 

CHETUMAL. – En un nuevo procedimiento administrativo, que podría terminar en una denuncia penal, cerca de 10 ex funcionarios estatales ex borgistas, comparecieron ante la Secretaría de la Contraloría para aclarar el destino de aproximadamente 560 millones de pesos.

El administrativo fue iniciado a través de la Coordinación de Sustanciación y Resolución en contra de ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), según el expediente PRA0004/2018.

Este nuevo procedimiento es por probables violaciones contra la Ley de Responsabilidades Administrativas, en la que los ex funcionarios tendrán que sustentar el destino de 560 millones de pesos, que la CAPA obtuvo mediante un préstamo bancario durante el ejercicio fiscal 2015.

Entre las personas que comparecieron estuvo Paula González Cetina, actualmente sentenciada por el delito de peculado, entre otros funcionarios de ambas instancias gubernamentales.

A la audiencia estaban citados también Luis Armando Hoil Be, quien fungió como Subsecretario de Política y Control Presupuestal; Reyes Rodríguez Salazar, quien era director de Ingresos; Alejandro Marrufo Roldán, ex tesorero del Gobierno del Estado y Gonzalo Herrera Castillo, quien se desempeñó como secretario de la Gestión Pública, pero ninguno se presentó.

“Estamos cumpliendo, consideramos pertinente esperar cuál será el criterio a manejar, aunque no determinen el grado de gravedad”, Ángel Francisco Torres Fritz, representante legal de Luis Armando Hoil Be.

Explicó que se trata de una audiencia única, en la que se aportan cada una de las pruebas en el expediente.

“Damos contestación de los hechos que te notificaron y se aportan las pruebas. Lo que corresponden es una resolución de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes), por lo que tienen tres días para acordar lo que corresponde”.

En este caso, el procedimiento podría turnarse al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) o a la Fiscalía General del Estado (FGE), dependiente de las pruebas que aporten los ex servidores públicos y la gravedad de la falta.

 

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