Las han llamado de muchas formas: rastreadoras, cavadoras, buscadoras. Son esas mujeres: madres, hijas, hermanas de personas desaparecidas que ante la «ausencia, indolencia y corrupción» de las autoridades, han emprendido sus propios procesos de investigación, búsqueda, exhumación e identificación de restos.

Han recorrido el país buscando a los suyos y a miles más. Vivos o en fosas clandestinas, donde sea. Han demandando que los restos hallados se identifiquen y han logrado «devolver la identidad» a decenas y que les sean devueltos a sus familiares.

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzada -que se conmemora este 30 de agosto- cinco de ellas narran a La Jornada sus procesos personales y colectivos y lo que les ha dejado convertirse en rastreadoras.

Entre todas sus diferencias, cada historia es muy parecida. Les arrebataron a un ser querido. Coinciden que no sólo se llevaron a una persona, sino que les quitaron todo un proyecto de vida.

En su camino de búsqueda de justicia y verdad advirtieron que no eran las únicas, se toparon con miles de víctimas más, historias convergentes con un denominar común: impunidad. Eso las llevó a asociarse, a solidarizarse con los otros, a trabajar en conjunto y darse cuenta «que la resistencia se construye con la suma de muchas individualidades enlazadas», como asegura Lucía Díaz, directora y fundadora del Colectivo Solcecito, Veracruz.

Empíricamente han sido abogadas, detectives, agentes ministeriales, excavadoras, antropólogas, genetistas, forenses, activistas, defensoras de derechos humanos, criminólogas y hasta panteoneras. Lo hicieron ante la incapacidad de las autoridades del Estado mexicano por dar una respuesta a esta crisis.

Son las familias, encabezadas por cientos de mujeres, las que han salido a lo que llaman «terreno» y con palas, picos, tubos, lo que sea. Se han dedicado a buscar esos cuerpos; pero a la par no pierden la esperanza de hallarlos con vida y, sobre todo, de alcanzar la justicia y restaurar la paz en las familias.

«Destapar una fosa clandestina representa sacar a esa persona de la oscuridad, hacer que vea de nuevo la luz. Recibimos cada resto con amor, porque lo último que esa persona vivió fue el terror. Lograr su identificación es restaurarle la identidad, el nombre, sus vínculos familiares y darle el derecho de ser despedido dignamente», afirma Lucía Díaz, quien desde 2013 busca a su hijo desaparecido en Veracruz, y cuyo colectivo descubrió la narcofosa más grande del país: Colinas de Santa Fe, con más de 14 mil restos humanos.

Adriana Baena, del Colectivo Los Otros Desaparecidos Iguala, cuyo marido desapareció en 2011, destaca la satisfacción que deja para las rastreadoras poder entregar los restos de un desaparecido a su familia. «Su rostro de incertidumbre se transforma en certidumbre. En parte esto también es un aliciente para nosotros, un proceso de sanación ante nuestro dolor propio».

Más allá de la búsqueda de los desaparecidos, lo que es fundamental, advierte la urgencia de hallar la restauración del tejido social y familiar que deja este flagelo. «Las familias no somos víctimas indirectas, nos han destruido por completo el núcleo familiar. Muchos niños están destruidos, con ansias de venganza, afirma que al ser mayores buscarán a quienes se llevaron a sus padres para matarlos. Si la autoridad no hace algo, ellos serán los delincuentes del futuro en el país».

El 19 de agosto de 1977 Martha Camacho y su esposo José Manuel Alapizco fueron desaparecidos de manera forzada por elementos de la Brigada Blanca, en Sinaloa. Ella tenía siete meses de embarazo, pero eso no importó. Ambos fueron torturados y en octubre de ese año ella fue liberada. Hasta ahora sigue buscando a su marido.

Académica jubilada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Camacho subraya que la crisis de desapariciones son una forma más de violencia contra la mujer en este país misógino y machista. Pues la mayoría de las «mal llamadas víctimas indirectas son mujeres, quienes se quedan solas, con hijos a quienes seguir dando sustento y a la par buscar a sus familiares».

Ana Enamorado, de origen hondureño, busca a su hijo Óscar, desaparecido en Jalisco, desde 2010. No ha sido sencillo para ella, su condición de extranjera la expone a más desinterés de parte de las autoridades.

Molesta, afirma que en ningún foro, en ningún espacio sobre el tema, se habla sobre los migrantes desaparecidos. Ha enfrentado la búsqueda de su hijo y de justicia sola, acompañada apenas por abogados, una académica y pocos colectivos. «Nadie busca a los migrantes».

Grace Fernández, de Buscando Desaparecidos México, quienes han realizado búsquedas en Coahuila, Michocán y Tamaulipas, señaló que esas cientos de mujeres que buscan en terreno «tenemos todas las especialidades: desde abogadas que empezaron a exigir justicia, a investigadoras ministeriales que recababan pruebas, antropólogas que pueden identificar un hueso. Lo hemos hecho todo, lo hemos hecho por amor, porque el amor es lo que nos impulsa».