Madrid prevé penalizar a los alumnos que no informen al centro de los casos de ‘bullying’. Los expertos alertan de que puede empeorar la convivencia

En la Comunidad de Madrid se considerará una falta grave que un alumno sea conocedor de una situación de acoso escolar y no lo comunique al centro, siempre y cuando esto no entrañe riesgo para sí mismo o para terceros. Esta es una de las principales novedades que recoge el proyecto de decreto por el que se regula la convivencia en los colegios e institutos —públicos, concertados y privados—, que previsiblemente será aprobado el primer trimestre de este año y de obligado cumplimiento el próximo curso. Madrid se convertirá entonces en la única comunidad autónoma en la que se contemple la penalización del alumno que no informe sobre casos de bullying.

La sanción podrá ir desde quedarse sin recreo hasta una expulsión de un máximo de cinco días lectivos. Los expertos consultados consideran positivo que se fomente la colaboración de los estudiantes para detectar potenciales víctimas y ayudarlas, pero alertan sobre las posibles consecuencias de imponer castigos.Todos los colegios e institutos madrileños deberán contar con un plan de convivencia en el que se contemplen medidas para la prevención y la actuación ante el acoso.

En 2017, los cuerpos de seguridad detectaron 170 casos en la Comunidad de Madrid y más de un millar en todo el país, con cifras de todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña y País Vasco. Desde 2012 se han registrado 5.500 casos. Los expertos consideran que los compañeros, el resto de la clase, son “clave” para combatir el acoso escolar. “Hay que desmitificar la figura del chivato. Es alguien que denuncia una situación que está mal, es el defensor de la justicia”, explica Ana Cobos, presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España. “Pero las medidas educativas tienen que estar por encima de las disciplinarias. Uno tiene que saber que no es justo mantener una situación de violencia a través de procesos educativos, no sancionadores”, añade.

En el proyecto de decreto de la Comunidad de Madrid se clasifican las distintas faltas en las que puede incurrir el alumno, desde las leves hasta las muy graves. Hay 14 que se consideran graves. Entre ellas, las faltas reiteradas de puntualidad o asistencia injustificadas; los actos de indisciplina; el robo o hurto a miembros de la comunidad educativa, o la omisión del “deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa, cuando la comunicación pudiera realizarse sin riesgo propio ni de terceros”.

Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres, cree que la medida aprobada por el Gobierno madrileño “no es pertinente”. “Lanzar a los alumnos la idea de que si no se chivan serán castigados no es la mejor opción desde el punto de vista pedagógico”. La presidenta de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, María José Fernández, coincide. “Las situaciones de violencia deben comunicarse por sentido común. Pero incluirlo en un decreto es un error. Pretenden blindar a la consejería y lavarse las manos, que sean responsables el profesor, el director o el alumno”, añade. Y apunta a la importancia “de la formación y de la prevención”. El decreto contempla que en caso de actos que puedan ser constitutivos de delitos, los docentes y el equipo directivo tienen la obligación de comunicarlo a la policía o al Ministerio Fiscal.

Sonsoles Bartolomé, responsable del departamento jurídico del teléfono de la Fundación ANAR, que atiende a víctimas de bullying, se muestra a favor de las sanciones. La normativa establece una salvedad importante: el estudiante tiene el deber de comunicar el caso de acoso siempre y cuando no se ponga en riesgo a él o a terceros. «Ponemos mucho peso en el testigo, pero tiene que asumir una responsabilidad. Podemos debatir si la falta debe ser considerada leve o grave, pero todo comportamiento que no conlleve una sanción se queda en el aire”, explica.

La doctora en Psicopedagogía Ana Cobos es reticente. “Muchas veces no se denuncia por miedo. La norma exime a quien esté en riesgo, pero ese es un factor muy difícil de valorar”, añade. Ella insta a animar a denunciar. «En la convivencia, todos somos guardianes y defensores de la justicia. El acoso muchas veces persiste en un grupo porque hay un colchón social que tiene miedo a que, si la víctima deja de sufrir bullying, comiencen a sufrirlo ellos. Hay que empoderar al alumnado”, añade. Y no recomienda las sanciones. “Alguien es expulsado. ¿Qué aprende de eso? Lo que puede ocurrir es que se genere miedo a lo que puedan pensar los padres, por ejemplo, pero no genera un sentimiento de justicia y solidaridad”, matiza.

En otras comunidades, como en Castilla y León o el País Vasco, se han impulsado programas que evitan “demonizar a los alumnos”, expilcan fuentes de ambos Gobiernos. Sus protocolos abogan por dar herramientas a la comunidad educativa para ayudar tanto a la víctima como al acosador. “Llamamos a los profesores y a los alumnos a unirse, a formar un equipo contra el bulliyng”, apuntan fuentes del Ejecutivo vasco.

María Jesús Díaz-Aguado, catedrática de Psicología de la Educación de la Universidad Complutense y autora del estudio Los castigos como indicador de riesgo psicosocial en la escuela, cree que el papel del alumnado es fundamental para detener el acoso en los centros, pero alerta de que las medidas exclusivamente punitivas no resuelven el problema. “Para que un castigo sea eficaz debe ser percibido como justo y legítimo, las expulsiones pueden agravar los problemas de conducta o provocar efectos adversos”, apunta. Diferentes investigaciones sobre el uso de la disciplina en la escuela indican que las medidas represivas, especialmente las que contemplan la expulsión, empeoran la convivencia y la relación entre docente y alumno, además de incentivar los comportamientos violentos.

En 2008, la Asociaciación Americana de Psicología analizó el impacto de las políticas para la prevención de la violencia en las aulas a raíz de casos como la matanza de 15 estudiantes en un colegio de Columbine tiroteados por dos de sus compañeros. Se mostraron escépticos con la efectividad de las sanciones en el aula, y alegaron que los alumnos castigados —con medidas como la expulsión— tienden a evadirse del contexto y a desarrollar actitudes negativas de miedo y hostilidad hacia el profesorado. “Hay que implicar a los alumnos, pero con la toma de conciencia de cuál es el problema”, añade Díaz-Aguado.

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