No hay celeridad por parte de los diputados para realizar una reforma constitucional que tenga como fin reducir al 50% los montos asignados a partidos políticos para gastos de campaña

Los sismos de septiembre de 2017 no solo provocaron destrucción y muerte, trajeron un sacudimiento en la sociedad mexicana que entonces exigió a las cúpulas partidistas regresar el dinero público que ya se habían embolsado para el financiamiento de sus actividades y destinarlo en la reconstrucción de las zonas afectadas por los fenómenos naturales.

Aunque hubo quienes de “dientes para afuera” estuvieron de acuerdo con la medida, y acudieron ante el INE a devolver parcialmente el presupuesto de 2017 con el argumento que era ilegal entregarlo directamente a los afectados, los hubo quienes de plano dijeron no a reintegrar los recursos, pues se trataba de dinero etiquetado previamente y hasta hubo quienes formaron fideicomisos de ayuda, que pasado el pico de la desgracia y llegado el año electoral (2018), todo quedó en el olvido.

Acumulan iniciativas

Pero lo escandaloso de las cifras que año con año se destinan al sostenimiento de los partidos políticos alimenta el resentimiento entre los ciudadanos y los obliga a mantener su petición de que el dinero proveniente de las arcas públicas que se entrega a los institutos políticos, si no se puede reducir al cero por ciento, por lo menos baje al mínimo posible.

De acuerdo con una revisión, realizada por La Verdad, tan solo al final de la pasada legislatura federal y lo que va del actual LXIV Congreso, se han recibido alrededor de 30 iniciativas y propuestas de reformas para modificar el capítulo 41 de la Constitución Política Mexicana.

En unos de sus párrafos medulares, el artículo mencionado establece que “…el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del salario mínimo diario vigente…”.

Aunque cabe resaltar que en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se indica que “…el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)…»

Lo anterior da margen a una confusión, ya que el salario mínimo y la UMA tienen valores distintos, mientras que el primero es de 102.68 aplicable en casi todo el país; y de 176.72 en la franja fronteriza norte, la UMA tiNo obstante el empleo de los dos conceptos en la ley, la proyección del financiamiento a partidos políticos para 2019 se realizó sobre el monto de la UMA, aun así la cifra de 4 mil 965 millones 828 mil 351 pesos resultante es para el grueso de la ciudadanía especialmente ofensiva en un momento crítico y de obligada austeridad pública.

PAN

Para el senador panista Roberto Gil Zuarth es imperativa una reforma constitucional para reducir el financiamiento de los partidos políticos que se utiliza para gastos de campaña en 50 por ciento y llevar a cero el financiamiento que se recibe para actividades ordinarias.

“Se debe revisar el financiamiento en términos de que puedan recibir más aquellos partidos que tienen una base electoral tangible, pero el tema de fondo es reducir el financiamiento total y, sobre todo, que no reciban recursos los partidos políticos en tiempos ordinarios”, dijo.

Por ello reiteró que la propuesta sea en esas dos direcciones: “reducir el indicador, la base de cálculo del financiamiento para el gasto de campaña y, por el otro, eliminar de manera total el financiamiento para gastos ordinarios, tanto el que reciben los partidos a nivel nacional como en las entidades”.

PRI

Para la también senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu, los partidos políticos dependen excesivamente del financiamiento público.

Al compararnos con otros países de América Latina, nuestro país ocupa el primer lugar en términos de dependencia de los partidos con relación a este tipo de recursos, seguidos por Colombia y Uruguay. Sin embargo, hay otras experiencias de Estados democráticos de la región que transformaron sus esquemas de participación con cambios en el origen de su financiamiento. Al respecto, destacan los casos de Honduras, Guatemala y Argentina, con niveles de dependencia de los partidos con relación al financiamiento público inferiores al 20 por ciento, explicó, tras mostrar su acuerdo por reformas a la ley que permitan la reducción del financiamiento al sistema de partidos mexicano.

Morena

Los diputados del grupo parlamentario de Morena Tatiana Clouthier y Mario Delgado recordaron que desde 2014 no se ha modificado la fórmula para el reparto de dinero a los institutos políticos, por lo que los recursos que reciben aumentan constantemente, sin que esto se traduzca en una mayor confianza por parte de los ciudadanos.

Al igual que las demás fracciones legislativas, la de Morena, dijeron, que está a favor de una iniciativa que busca reducir en 50 por ciento el presupuesto de los partidos políticos.

Menos dinero

Solo en el caso hipotético de una reforma a la Ley los partidos políticos en 2019 en vez de recibir los casi 5 mil millones de pesos, obtendrían solo 2mil 482 millones.

Sin embargo, el que la ciudadanía vea reducida la cantidad de recursos económicos que los partidos reciben cada año, dependerá de la celeridad que los propios diputados le den a las reformas al artículo 41 de la Constitución para cambiar el monto del porcentaje de la UMA, por el que se deberá multiplicar la cantidad de personas en el padrón electoral. Hasta ahora no hay fecha para su análisis y dictamen.

Ofensivo gasto para campañas

Pese a la austeridad, suman 4 mil 965 millones 828 mil 351 pesos el monto total de financiamiento a partidos en el ejercicio 2019:

MORENA: 1 mil 628 millones 333 mil pesos
PAN: 900 millones 849 mil pesos.
PRI: 849 millones 372 mil pesos.
PRD: 422 millones 507 mil pesos.
PVEM: 403 millones 969 mil pesos.
MC: 389 millones 590 mil pesos.
PT: 371 millones 205 mil pesos.

30 iniciativas y propuestas de reformas se han recibió para modificar el capítulo 41 de la Constitución Política Mexicana.

Desde 2014 no se ha modificado la fórmula para el reparto de dinero a los institutos políticos.

LA VERDAD