Al inicio de esta administración habían funcionarios con hasta 12 años sin declarar

CHETUMAL. – Un total de 17 funcionarios públicos enfrentan una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por discrepancias halladas en su declaración patrimonial del año pasado, según informó la Secretaría de la Contraloría (Secoes).

Desde el primer día de mayo inició el plazo para que los servidores públicos, a partir de los jefes de departamento, presenten su declaración patrimonial y de conflicto de intereses del periodo que abarca del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018.

A la fecha, a 12 días de que concluya el plazo, el 82 por ciento de los más de 4 mil servidores públicos adscritos a dependencias y entidades de la administración pública del estado pertenecientes al Poder Ejecutivo, ya cumplieron con la declaración, y al menos cuatro secretarías ya cubrieron al 100 por ciento: la Consejería Jurídica, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), la Secretaría de Turismo (Sedetur) y la Secoes.

Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sede), presenta el porcentaje más bajo de cumplimiento: 51 por ciento.

El titular de la Secoes, Rafael del Pozo Dergal, explicó que durante este proceso, los servidores públicos deben reportar todo lo enajenado durante este periodo de 2018, lo que se haya adquirido ya sea por herencia, por cobrar alguna deuda, por vender algún mueble o inmueble o cualquier motivo.

Recordó que al inicio de esta administración no había registro de cumplimiento y en virtud de ello se encontraron con servidores públicos que tenían hasta 12 años sin declarar.

Por primera vez el año pasado se logró el cumplimiento al 100 por ciento de los servidores públicos, aunque no a tiempo, pues se tuvieron que realizar algunos requerimientos.

Denuncias

Mediante la plataforma digital nacional considerada en el Sistema Nacional Anticorrupción se hará el análisis oportuno de la información vertida, no obstante ésta entrará en vigor en diciembre de este año y mientras, las Contralorías del estado están obligados a elaborar muestreos aleatorios para verificar la congruencia entre lo declarado y lo existente mediante la revisión al procedimiento de evolución patrimonial.

Del informe de 2018 (del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017), la Secoes presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 17 denuncias en contra de servidores públicos en los que se hallaron “discrepancias” entre lo manifestado y lo que se encontraba en el Registro Público de la Propiedad. Lo anterior, pese al límite de Secoes que no tiene acceso a todas las bases de datos de todos los estados del país y la federación, por lo que se ha solicitado que los Órganos Internos de Control tengan acceso a esta información fuera y dentro del estado.

Las investigaciones están avanzando y la Secoes ha colaborado con la Fiscalía para obtener información, indicó.

La Jornada Maya