Carlos Romero Aranda aclaró que sólo se sancionará a empresas que venden o compran facturas que amparan operaciones falsas, no se pretende criminalizar empresarios

CIUDAD DE MÉXICO

El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, consideró urgente perseguir y castigar a los operadores de las redes criminales integradas por más de 8 mil empresas fantasmas creadas para la facturación de operaciones simuladas.

Entrevistado por Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, reveló que éste ilícito provoca que el erario deje de percibir 350 mil millones de pesos al año. Romero Aranda explicó que han mantenido un dialogo con el Consejo Coordinador Empresarial sobre la ley «antifactureras», pues todavía hay diferencias entre Gobierno y empresas.

Aclaró que sólo se sancionará a empresas que venden o compran facturas que amparan operaciones falsas, de ninguna manera se pretende criminalizar empresarios, sino protegerlo de prácticas desleales.

De acuerdo con las más recientes cifras del SAT, la facturación apócrifa, que será tipificada como crimen organizado, creció 21 veces en los últimos cuatro años, en los que se han identificado cerca de 10 mil empresas que emitieron nueve millones de operaciones simuladas, las cuales sumaron 1.6 billones de pesos.

El dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, establece que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las llamadas empresas fantasma y las facturas falsas, considerando que éste sea un delito similar al contrabando y su equiparable.

En éste se señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

También prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulado.

Fuente: Excélsior.