CIUDAD DE MÉXICO. – Al dar a conocer los avances en el nuevo esquema de adquisición de medicinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en este proceso se registraron amagos de chantajes, porque hubo quienes consideraron que sólo se trataba de un cambio de gobierno y no de régimen, que iba a arrancar de raíz los excesos de corrupción hasta en las medicinas, apostando a que se trataba de un «gatopardismo».

López Obrador también denunció la existencia de un virtual monopolio en la venta de medicamentos al gobierno, porque tan sólo diez empresas abastecían el 80 por ciento de todas las adquisiciones gubernamentales, lo que generaba sobre precios en cada uno de los productos.

Al igual que en el caso del robo de combustible, se pretendió jugar a las «vencidas» con el gobierno, señaló.

Acompañado del secretario de Salud, Jorge Alcocer y del de Hacienda, Carlos Urzúa, el mandatario censuró que en los estados las partidas federales destinadas a la adquisición de medicinas se utilizaba como caja chica y se desviaban para otros rubros que no eran con fines médicos.

Alcocer destacó que para enfrentar la problemática que se ha tenido en la compra de medicamentos en este cambio de administración, por primera vez, se realizará un proceso de compra consolidada para el segundo semestre de este año.

Destacó que la adquisición de medicamentos para esta primera parte del año se había pactado en noviembre pasado.

Para tal efecto se determinó incorporar a 22 estados que se adhirieron al proyecto de compra consolidada, lo que permitirá tener un mejor esquema para adquirir los medicamentos a menos precio.

Sin embargo, ejemplificó con el caso de la compra de antirretrovírales para atender a pacientes que tiene el VIH, en el cual México era uno de los paises de la región que adquiría los productos a mayor precio.

Hasta el año pasado el país destinó 3 mil 200 millones de pesos para la atención de 97 mil personas que tienen este padecimiento, pero con el nuevo esquema de contratación se logró su adquisición a un precio de 57 por ciento menos de lo que se hacía anteriormente.

La Jornada